La ley de segunda oportunidad es un instrumento legal para particulares y autónomos que sirve para renegociar o eliminar sus deudas cuando no pueden hacer frente al pago. Básicamente, esta ley ofrece la posibilidad de sobreponerse a una mala situación económica derivada de un endeudamiento sin descuidar los derechos de cobro de los acreedores. ¿Pero cómo funciona la ley de segunda oportunidad, quién puede beneficiarse de ella y cuáles son sus requisitos?
¿Qué es la ley de segunda oportunidad?
La ley de segunda oportunidad es un mecanismo legal similar a la ley concursal que sirve para salvar una mala situación derivada de la imposibilidad de hacer frente a las deudas. Al mismo tiempo, también pretende salvaguardar el derecho a cobro de los acreedores.
Está regulada en la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Según el preámbulo, su objetivo es dar a una persona física que sufre un fracaso económico empresarial o personal "la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer". Asimismo, también sirve para incentivar la realización de nuevas actividades, favorecer el empleo y evitar la economía sumergida.
¿Quién puede beneficiarse de esta ley?
La ley de segunda oportunidad es un instrumento legal para las personas físicas que no pueden pagar sus deudas, ya sean particulares o autónomos. Las empresas podrán utilizar el concurso de acreedores.
¿Cuáles son los requisitos de la ley de segunda oportunidad?
Para poder acogerse a esta ley, el deudor tiene que tener un buen historial crediticio. Esto se debe a que esta ley no exime de pagar las deudas. En su lugar, presta una ayuda a las personas que han demostrado ser buenas pagadoras, pero que atraviesan una mala experiencia económica. Por lo tanto, el solicitante tiene que cumplir una serie de requisitos para demostrar que se trata de un deudor de buena fe:
- Que en el concurso no haya sido declarado culpable. Es decir, el juez tiene que considerar que la insolvencia no se ha provocado por engaño del deudor o mediante voluntad deliberada.
- Que el solicitante no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los diez años anteriores a la declaración del concurso.
- El deudor debe haber celebrado o intentar haber celebrado un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores.
- Que ha satisfecho los créditos contra la masa y los privilegiados.
- Que el deudor no ha obtenido beneficio de exoneración por vía judicial en los últimos diez años.
- El deudor no puede haber rechazado una oferta de trabajo que se ajustara a su capacidad profesional en los últimos cuatro años.
- Que el deudor acepte ser incluido en el Registro Público Concursal para que puedan conocer la situación todos los acreedores que tengan interés legítimo.
- La deuda no puede superar los cinco millones de euros.
¿Cómo funciona?
La ley de segunda oportunidad se configura por dos medidas: el acuerdo extrajudicial de pagos y el beneficio de exoneración. El acuerdo extrajudicial de pagos es una renegociación de la deuda con los acreedores tutelada por un juez que consiste en un acuerdo entre las partes que permita al deudor pagar la mayor cantidad posible.
Por otro lado, se establece el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) por si los acuerdos extrajudiciales fallan. A través de este mecanismo el deudor podrá librarse judicialmente de toda o parte de la deuda. El juez estimará qué porcentaje de la deuda queda exonerado. No obstante, los acreedores pueden solicitar la revocación de este beneficio cuando consideren que se abusa de la ley de segunda oportunidad.
La ley de segunda oportunidad permite recurrir en muchas ocasiones a mecanismos como la dación en pago. En este sentido, se suele aplicar a los deudores hipotecados.
Para que esta ley permita al deudor empezar de cero, este deberá invertir todo su patrimonio en pagar sus deudas. Una vez liquidado el patrimonio, podrá presentar un acuerdo extrajudicial de pagos. Pero si no se llega a un acuerdo entre deudor y acreedores, se pasará a la fase judicial.
Además, desde julio de 2019, el Tribunal Supremo amplió los límites de esta ley, permitiendo a los deudores beneficiarse de una posible exoneración de hasta un 70% de las deudas contraídas con las Administraciones Públicas. Además, otorga un plazo de cinco años para pagar el resto de deudas. De esta forma, se da una mayor protección a autónomos y profesionales.
¿Cuánto tiempo dura el procedimiento?
La duración del procedimiento es variable pero, por lo general, suele abarcar desde unos pocos meses a más de un año. No obstante, durante todo el procedimiento el deudor está protegido, por lo que no se le pueden reclamar sus deudas ni embargar sus bienes.
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