El martes se conocía la noticia: enero terminaba con 76.216 parados más y la destrucción de 218.953 empleos, rozando los cuatro millones de desempleados totales. Las restricciones impuestas para frenar el avance de la tercera ola del coronavirus siguen castigando el mercado laboral español. Y aunque tradicionalmente suele tratarse de un mes negativo para el empleo por el fin de la campaña de Navidad, las cifras de 2021 son especialmente catastróficas. En esta situación cabría preguntarse cómo va a ayudar el Gobierno a las empresas para fomentar la contratación y la creación de puestos de trabajo. La respuesta no se ha hecho esperar: el Gobierno no ayudará más a las empresas, puesto que consideran que la factura ya es demasiado alta y considera que el mercado laboral ya se ha estabilizado.
Gobierno vs. empresas en la crisis del coronavirus
El paro sigue subiendo como consecuencia de la crisis de la COVID-19. Enero cerró con 76.216 parados más inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y una destrucción de 218.953 puestos de trabajo con respecto a la media de diciembre. Las cifras totales de desempleados rozan los cuatro millones. A esta suma hay que unir los 738.000 trabajadores en ERTE y más de 300.000 autónomos en cese de actividad.
Tras la lectura de estos datos, el Gobierno se muestra satisfecho con su política laboral de choque contra la pandemia. Mientras los empresarios señalan que los ERTE ya no son suficientes y que los créditos ICO están desfasados (lo que, según ellos, dará lugar a nuevos problemas en forma de insolvencias en los próximos meses), el ejecutivo apunta en la cuenta de las organizaciones empresariales la factura abonada desde marzo.
De hecho, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, ha descartado las inyecciones a las empresas, a las que recordó que ya se han destinado más de 62.000 millones de euros al tejido productivo para paliar los efectos de las restricciones derivadas de la crisis sanitaria. La ministra habla de una cuantía que supera los 60.000 millones como la forma de expresar las ayudas del Gobierno, "que utiliza los procedimientos que tiene en su haber, en este caso Seguridad Social, créditos ICO o cualquier moratoria en el pago de impuestos, dirigidas a esos sectores", señaló Montero.
¿Oleada de insolvencias a la vista?
Solo en los ERTE se invertirán 40.000 millones de euros para evitar despidos masivos. Pero los ERTE no son más que un parche que está tapando a duras penas lo que vendrá los próximos meses. La CEOE, la Cepyme, los trabajadores autónomos y las asociaciones empresariales relacionadas con la hostelería tienen claro que muchos negocios no pueden resistir más. La consecuencia es que se va a desencadenar una ola de insolvencias con terribles consecuencias. Además, señalan que España ha sido uno de los países de Europa que menos dinero ha dedicado a las denominadas ayudas directas.
Las declaraciones de Montero acerca del Gobierno y las empresas chocan con las de Nadia Calviño, ministra de Economía y vicepresidenta tercera del Gobierno, que se comprometió hace unos días a seguir buscando soluciones y a adoptar medidas para ayudar a paliar los problemas de liquidez de las empresas. Para Calviño, es importante destinar estas ayudas a la reestructuración de negocios. Sin embargo, esto no entra dentro de las ayudas directas, pero serviría como filtro para los negocios que realmente puedan subsistir tras la pandemia.
Estas reestructuraciones, sumadas a las nuevas políticas activas de empleo que está negociando el Gobierno, en teoría servirían para mitigar las escandalosas cifras del paro. Y es que una oleada de insolvencias y quiebras podría disparar aún más ese número. Quizá el optimismo del Gobierno no sea lo más adecuado para poner freno a esta preocupante situación.
