Ese día en el que se alinean los astros, consigues rascar un poco de tiempo para echarte la siesta. Y en cuanto estás cogiendo el sueño... suena el teléfono. No falla. Y, en la mayoría de las ocasiones, suele ser un comercial de una compañía telefónica para ofrecerte algo que ni has pedido, ni te interesa. Las empresas telefónicas llevan años en guerra y utilizando todo tipo de triquiñuelas para captar clientes.
Cualquier cosa es válida para hacerse con el "trofeo", desde llamadas a horas intempestivas a técnicas fraudulentas o engaños torticeros. Sin embargo, ahora las grandes empresas telefónicas quieren poner fin a las prácticas abusivas para captar clientes y evitar las altas irregulares. ¿Cómo es el pacto en el que están trabajando las operadoras?
¿Adiós a las llamadas comerciales de compañías telefónicas para captar clientes?
Aunque son poco éticas, las estrategias abusivas para captar clientes son habituales, especialmente en el sector de las comunicaciones. Sin embargo, ahora Movistar, Orange, Vodafone, Euskaltel y MásMóvil están negociando para acabar con las prácticas fraudulentas o abusivas para conseguir usuarios. Y es que, en su experiencia, estas maniobras provocan problemas, aumentan la portabilidad y dañan la reputación del sector.
Asimismo, esta lacra es un incordio continuo para los consumidores. Pero, además, también deteriora la imagen del sector y aumenta la portabilidad hacia la competencia, habitualmente después de irritar continuamente a los clientes.
Por eso, las cinco grandes empresas de telecomunicación que operan en España han dedicado las últimas semanas a negociar un pacto de autorregulación para acatar con estas molestas prácticas. Prácticas que son irregulares, abusivas o directamente fraudulentas. Por ejemplo, es habitual las continuas llamadas para informar de ofertas a pesar de que el cliente exprese que no tiene ningún interés, la falta de identificación de la compañía o la suplantación de identidad.
¿En qué consiste el pacto de las empresas telefónicas?
El proyecto del pacto en el que trabajan las cinco operadores recoge varios compromisos. Para empezar, han acordado respetar las Listas Robinson, unas bases de datos en las que los particulares se inscriben para declarar que no desean recibir comunicaciones comerciales.
Además, se prohibirá la reiteración abusiva de llamadas. Es decir, que si nos llaman una vez y no aceptamos la propuesta, esa empresa telefónica no podrá volver a contactar con nosotros... en un plazo de tres meses. Por otro lado, se establece un número máximo de intentos de llamadas sobre los potenciales nuevos clientes.
También quieren garantizar que no se empleen artimañas para conseguir los datos de los clientes. Las operadoras estarán obligadas a identificarse claramente y proporcionar toda la información real para que el cliente pueda tomar una decisión informada, tal y como se recoge en los derechos de los consumidores. Eso también incluye la práctica habitual de hacerse pasar por la compañía del usuario para hacerle creer que le van a subir el precio de su tarifa para provocar su enfado y su consiguiente marcha.
Pero eso no es todo. También tienen la intención de realizar auditorías e implantar medidas de control, incluyendo sanciones si vulneran las normas. Y todo esto será aplicable tanto a las operadoras como a los distribuidores y a las subcontratas. Esta es una de las partes más peliagudas del pacto y por eso las negociaciones están siendo complicadas.
Sin embargo, lo más difícil de este tipo de pactos es que se apliquen realmente. Es más, este es el tercer acuerdo del estilo al que intentan llegar las grandes empresas telefónicas que operan en España. El primero se creó en 2010 y se renovó en 2013, pero las medidas han dejado de aplicarse con el paso del tiempo. ¿A la tercera va la vencida?
Las cifras de la portabilidad telefónica en España
La portabilidad de líneas telefónicas móviles y de banda ancha ha ido aumentando desde 2015. La tendencia sufrió un ligero parón en 2020 por los tres meses en los que se prohibió la portabilidad durante el confinamiento por el coronavirus.
Estas prácticas se suelen realizar por subcontratas y suponen hasta el 15% del total. Esto, podría suponer aproximadamente un millón de cambios en líneas móviles y 300.000 de proveedores de internet cad año.
