Hoy en día, utilizamos internet para todo. Para comprar, para estudiar, para pedir préstamos... Muchas de las páginas web que visitamos recaban nuestra información, que pasa a formar parte de sus bases de datos. Así, poco a poco, vamos dejando una huella digital que puede afectar a nuestra privacidad, confianza y seguridad, especialmente si queda desfasada. Sin embargo, en estos casos podemos ejercitar nuestro derecho al olvido. Veamos qué es y cómo se puede hacer valer.
¿Qué es el derecho al olvido?
El derecho de supresión, habitualmente conocido como derecho al olvido, es el derecho a solicitar que los enlaces a los datos personales de un usuario no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada por su nombre. Es decir, que se aplica fundamentalmente en los buscadores de internet, aunque también podemos acudir a los editores originales.
Está íntimamente relacionado con el derecho al honor, intimidad y propia imagen, y se refiere al bloque, supresión o desindexación de información cierta, pero obsoleta o no relevante por el paso del tiempo. Los ciudadanos solicitan el derecho al olvido cuando sus datos personales ya no son necesarios para la finalidad por la que fueron recogidos, cuando se han obtenido de forma ilícita o cuando se haya retirado el consentimiento.
En otras palabras, el derecho al olvido es el derecho a impedir la difusión de información personal a través de internet, pero solo cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa. Esto incluye el derecho a limitar la "difusión universal e indiscriminada de datos personales" en los buscadores generales cuando la información ha quedado obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público. Y esto independientemente de que la publicación original sea legítima, como en el caso de los boletines oficiales.
Según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 13 de mayo de 2014, el tratamiento de datos que realizan los motores de búsqueda está sometido a las normas de protección de datos establecidas por la Unión Europea. Como consecuencia, las personas tienen derecho a solicitar que los enlaces a sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada por su nombre siempre que se cumplan ciertas condiciones.
¿Cómo puedo ejercer el derecho al olvido?
Para ejercer el derecho al olvido lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la entidad que está tratando los datos, esto es, el buscador (como Google o Yahoo) o el editor (como en el caso de AZLO). Los buscadores más populares cuentan con sus propios formularios para emitir las peticiones. A continuación, pueden ocurrir tres cosas:
- Que la entidad acepte la petición.
- Que la entidad no responda a la petición
- O bien que el ciudadano considere que la respuesta no es adecuada.
En los dos últimos casos, se puede interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La AEPD estimará la reclamación o no. En todo caso, su decisión se puede recurrir ante los tribunales.
Ojo, porque si nos limitamos a ejercer el derecho al olvido frente al buscador, la información no desaparecerá de internet. La sentencia del TJUE solo afecta a los resultados obtenidos mediante búsquedas en internet hechas en nombre de la persona. Esto no implica que la página deba ser eliminada de los índices del buscador ni de la fuente original.
En resumidas cuentas, el enlace que aparece en el buscador solo dejará de ser visible cuando la búsqueda se realice con el nombre de la persona que ejerció su derecho al olvido. Por otro lado, las fuentes permanecen inalteradas y el resultado se seguirá mostrando cuando se realice la búsqueda con cualquier otra palabra.
¿El derecho de supresión limita el derecho a recibir información o de libertad de expresión?
La respuesta corta es que no. Según la mencionada sentencia del TJUE, se ha de estudiar caso por caso para garantizar el equilibrio entre los diferentes derechos e intereses en juego.
Para ello, se han de valorar las circunstancias de cada solicitud y el interés de los usuarios en acceder a una información. Además, las solicitudes de supresión de datos que sean de interés para el público por su naturaleza o por afectar a una figura pública no serán aceptadas.
